Vivimos tiempos de crisis múltiples y superpuestas, con dramáticos efectos sociales. La sanitaria provocada por la Covid-19 nos está impactando especialmente y con efectos inmediatos. Es una crisis que tiene causa y se superpone sobre la crisis ambiental y climática cuyos efectos no, por menos visibles y directos, son menos graves. La crisis está golpeando duramente sobre sociedades cada vez más desiguales y vulnerables producto de años de políticas neoliberales, extractivas y desreguladoras.
Nuestro país está entre los más afectados sanitariamente, pero también socialmente. La dependencia de actividades económicas como el turismo y la construcción han provocado una crisis económica y social que han llevado el desempleo a más de 16% de la población y a un aumento desmesurado de la pobreza con especial incidencia en la infancia, los jóvenes y las mujeres. La pandemia ha puesto de manifiesto con toda crudeza nuestras debilidades y vulnerabilidades.
Si no sabíamos cómo era una crisis global ahora ya lo sabemos. La relación entre medio ambiente, salud y economía está más que demostrada.
La Unión Europea -no sin contradicciones- afirma querer acelerar el proceso de la transición ecológica y descarbonización de la economía. Frente a las políticas que la UE llevó a cabo en la crisis de 2008 y que añadieron sufrimiento, recesión y pobreza a unas sociedades ya crecientemente desiguales y vulnerables, en esta crisis se ha respondido de manera diferente. Dejando de lado los dogmas económicos del neoliberalismo austericida, ahora se están habilitando toda una serie de medidas monetarias, fiscales y presupuestarias expansivas para hacer frente en el corto y el medio plazo a los efectos pandémicos sobre la economía y la sociedad, pero también al reto de realizar transformaciones del modelo productivo y energético con el fin de mitigar el cambio climático y avanzar en el camino de una economía sostenible. Políticas que chocan, desgraciadamente, con demasiadas inconsistencias con otras -la agraria especialmente, pero no solo- que van en la dirección contraria de las que ahora se quieren poner en marcha.
El programa Next Generation de la UE y los fondos económicos del Plan de Reconstrucción y Resilencia dotados con 700 mil millones de euros para toda la Unión Europea son el centro de estas nuevas políticas y de ellos 140 mil millones llegarán a España en los próximos años (de los cuales la mitad aproximadamente en subvenciones y el resto en préstamos). Un 37% de estos fondos tiene que ser invertidos en financiar programas y actividades de transición ecológica justa y otro 10% en la mejora de la biodiversidad. Programas que deben ceñirse a las condiciones establecidas por la UE en el campo de las energías limpias, la movilidad sostenible, la economía circular y los residuos, la renovación ambiental de las viviendas y de las ciudades, la agroecología, la gestión pública del agua, la biodiversidad y el territorio, la transición justa….
El reto es formidable y la oportunidad única. Nuestro país -y el resto de países europeos- se enfrentan a un triple desafío: cambiar el actual modelo productivo para hacerlo ambientalmente sostenible y socialmente justo, generar nuevas actividades y empresas de economía verde y crear millones de empleos de calidad. Un reto que nos incumbe e involucra a todas y todos. No solo a los gobiernos y a las empresas, también a las organizaciones e instituciones de la sociedad. Si fracasamos, será un fracaso de país y las consecuencias las pagaremos durante varias generaciones.
Las organizaciones y fundaciones que hemos decidido crear la alianza “Prosoxi: Observatorio para la transición ecológica socialmente justa” hemos decidido hacerlo de manera conjunta para optimizar los recursos y fortalecer nuestra capacidad de proposición e interlocución.
El objetivo que nos une es el de velar porque los proyectos que se diseñen y ejecuten bajo el Plan Next Generation UE no se desvíen de estos objetivos sociales y ecológicos, exigiendo que se establezcan por parte del gobierno mecanismos de información, transparencia, participación y supervisión adecuados en los que podamos participar como sociedad civil organizada.
Buscamos conseguir la más amplia participación de los diversos sectores sociales en el diseño, ejecución y seguimiento del Plan, evitando la concentración de los recursos en las grandes empresas, tratando de que lleguen a todo el tejido económico en igualdad de condiciones, potenciando en especial a las pequeñas y medianas empresas, las cooperativas y el llamado “tercer sector”.
Se trata también de evitar los riesgos que ya asoman en todo los que vamos conociendo: el de asignar financiación a proyectos empresariales que tienen más de “greenwashing” (lavado de carta verde) que de economía verde, sustituir con financiación pública las inversiones que las empresas ya tenían planificado hacer con sus propios recursos o destinar los recursos a las grandes empresas y a la consolidación de los mismos sectores y actividades que hoy tenemos y que se han revelado incompatibles con la sostenibilidad social, económica y ambiental.
Como alianza de organizaciones interesadas e implicadas en la transición ecológica socialmente justa de nuestra economía, reclamamos la participación directa en los Foros Sectoriales de Alto Nivel que se constituyan, así como la interlocución con los organismos ministeriales involucrados directamente en la gestión del Plan y especialmente del pilar de transición ecológica socialmente justa. Queremos que los fondos de Next Generation sean gestionados desde la máxima información y transparencia. Consideramos que no es un buen comienzo que el Consejo de Ministros haya aprobado el proyecto que se presenta a la Unión Europea sin haber llevado a cabo ese proceso de información y participación con el conjunto de la sociedad civil interesada, incluyendo a todas las organizaciones y fundaciones de carácter ambiental y social que hemos creado Prosoxi.
Nuestro trabajo estará centrado en las áreas de energía, movilidad, urbanismo y vivienda, agroecología, biodiversidad, territorio y desarrollo rural, agua y litoral, economía circular y residuos y transición social justa.
Queremos incidir sobre proyectos y actividades, pequeños, pero replicables, sostenibles y de escala local, con capacidad de generar actividad económica no deslocalizable, generadora de nuevos empleos verdes y de calidad.
Demandamos que el Plan esté alineado con la Agenda 2030 (ODS) y con la Estrategia de Desarrollo Sostenible. También con los objetivos ya obligatorios en la legislación comunitaria de medio ambiente tales como la gestión de residuos o el buen estado de todas las masas de agua.
En definitiva, creemos firmemente que a un proyecto de país de esta envergadura con efectos y consecuencias sobre varias generaciones se corresponde un modelo de participación y gobernanza también colectivo con la implicación del conjunto de instituciones y organizaciones de la sociedad.
*Organizaciones:
Fundación Renovables
SEAE – Sociedad Española de Agricultura Ecológica
Fundación Transición Verde
Fundación Savia por el compromiso y los valores
Fundación Nueva Cultura del Agua
Retorna
Asociación para la Promoción del Transporte Público
Foro Transiciones
Centro Ibérico de Restauración Fluvial (CIREF)
Canarias Archipiélago Sostenible